¿Alguna vez has visto una cabra?, una voluntaria preguntó al hijo de 4 cuatro años de nuestra clienta, mientras miraban un libro sobre animales.
Cuando mataron a mi tío, ¡bang bang bang bang!, el niño disparó pistolas imaginarias con sus brazos, fuimos al cementerio, y había cabras.
Como muchos otros niños que conocí mientras trabajaba como abogada voluntaria con el Proyecto Pro Bono CARA en el sur de Texas el mes pasado, él es dulce y con ojos brillantes. Huyó a los Estados Unidos con su madre, presentando un reclamo legítimo de asilo, en virtud de nuestras leyes.
Ahora está en la cárcel.
Para reunirnos con su madre y con los otros clientes del Proyecto, hemos dejado atrás objetos personales y pasado por detectores y puertas de metal. Nuestras clientas también han entregado sus pertenencias, sus ropas y sus anillos de boda, para ponerse camisetas estándar de color fuerte, que identifican la sección de la cárcel en la que están.
Estamos en el “Centro Residencial” Familiar del Sur de Texas, una cárcel con fines de lucro, construida el año pasado por una corporación conocida por sus siglas en ingles, CCA (Corrections Corporation of America) para albergar miles de madres y niños que han venido buscando asilo por causa de la violencia en Centro América. Este es el centro de detención de inmigrantes más grande en los Estados Unidos, y aparentemente, en el mundo.
Irónicamente, mucho antes de su construcción, el gobierno acordó, en respuesta a una demanda, que debe dejar en libertad “sin retraso innecesario” a los niños inmigrantes que detiene. El gobierno aparentemente reconoció, en 1997, que la detención perjudica el desarrollo y el bienestar de los niños. Sin embargo, dos veces este año, la jueza federal Dolly M. Gee ha condenado al gobierno por violar ese acuerdo al detener cientos de niños inmigrantes en cárceles como la que visité en Dilley, Texas.
La mayoría de las madres que conocí tuvieron que huir de Centro America porque las pandillas, que ahora controlan gran parte de la región, estaban aterrorizando a sus familias. Conocí hermanos de 12 y 14 que tuvieron que salir de la escuela y estar adentro de casa por cinco meses seguidos para mantenerse a salvo de una pandilla que estaba tratando de reclutarlos a la fuerza. Cuando las amenazas de la pandilla contra la familia se intensificaron, su madre supo que tenía que sacar a sus hijos de allí.
Nunca quise dejar mi casa. Yo amaba mi casa, me dijo, con sus ojos llenos de lágrimas.
Como otras mujeres que conocí, ella había tenido que salir rápidamente y de repente—algunas salieron con menos de un día de aviso—para escapar de las crecientes amenazas contra su familia. Una mujer me confesó con dolor que su marido tuvo que salir primero, y que ella no ha oído de él desde entonces.
Ahora, en un pueblo rural de Texas de 4.000 personas, ellas y 1.900 otras mujeres y niños están esperando en la cárcel, por semanas y a menudo meses sin fin, que el gobierno de los Estados Unidos decida qué hacer con ellas. Para estar aquí, han sobrevivido la violencia indescriptible que los rodeaba, han vivido en un miedo paralizante y han pasado por largos y peligrosos viajes.
Ellas han sido recibidas con cárcel y con un frecuentemente peligroso desprecio por su bienestar y el de sus hijos. Muchas obtienen su libertad solo después de aceptar un incómodo monitor eléctrico, un grillete, que rastrea sus movimientos como si fueran animales salvajes, y que requiere que lo conecten a un toma de corriente por varias horas al día, cada día. El gobierno promociona eufemísticamente estos dispositivos como una "alternativa humana a la detención", pero fija estos grilletes a los tobillos de madres que, para empezar, no deberían estar detenidas.
Dejé Dilley junto a una madre y su hija que acababan de salir después de dos meses y medio de detención.
¿Qué es ese olor? la niña preguntó cuando estábamos afuera. Sentí olor a tierra y campo abierto.
Es el olor de libertad, su madre rió.
Pero la libertad no ha llegado suficientemente pronto para la mayoría de familias. Miles de niños quienes no tienen nada que hacer tras las rejas y las mujeres que los han traído por su seguridad, merecen nuestra protección y la oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. Ahora, más que nunca, es hora de terminar con la detención de familias.
Adriana Lafaille es una abogada en la ACLU de Massachusetts. Ella sirvió como voluntaria del Proyecto Pro Bono CARA en Dilley, Texas, desde el 16 al 21 de agosto de 2015, ayudando a proveer representación legal a las madres y sus niños detenidos en procedimientos de fianza y temor creíble.
