Por Nathalie Rengifo Alvarez
Hoy se cumple un año del anuncio del Presidente Obama sobre las acciones ejecutivas de su administración para mitigar los efectos de las deportaciones del actual sistema migratorio. La noche de noviembre 20 de 2014, el Presidente anunció la ampliación del programa Acción Diferida a los Llegados en la Infancia (DACA), y la creación del programa Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA).
Estos dos programas otorgan un estatus legal temporal a ciertos grupos de personas. La ampliación de DACA cubriría a las personas que entraron a los EE.UU. antes de tener 16 años de edad y que hayan vivido continuamente en los EE.UU. desde el 1 de enero de 2010. Esto amplía la cobertura de personas que se beneficiaron con la creación del programa original de DACA en Junio de 2012, que cubre a las personas que entraron a los EE.UU. antes de tener 16 años de edad, que hayan vivido continuamente en los EE.UU. desde el 15 de junio de 2007 y que tengan menos de 31 años de edad a Junio 15 de 2012.
DAPA es un programa nuevo que permitiría que personas indocumentadas con hijos ciudadanos o residentes legales permanentes, soliciten un permiso de trabajo y protección de deportación si la persona ha estado en los EE.UU. desde el 1 de enero del 2010.
Sin embargo, hasta hoy, de los estimados 4.9 millones de personas que podrían beneficiarse de estos programas, nadie ha podido aplicar debido a los fallos judiciales que han bloqueado su implementación; y mientras tanto millones de inmigrantes siguen viviendo con el temor de ser separados de sus familias y cientos son deportados diariamente.
La saga judicial, que siguió el anuncio del Presidente Obama, empezó cuando 26 estados[1] en una coalición liderada por el estado de Texas, presentaron una demanda en contra de la administración[2] desafiando la implementación del programa DAPA y la ampliación de DACA. El 16 de febrero de este año, dos días antes de la fecha prevista para el inicio de la implementación de los programas, el Juez de la Corte Federal del Distrito de Texas, Andrew S. Hanen, decidió a favor de los estados, deteniendo la implementación de DAPA y la extensión de DACA. En respuesta a este fallo, la administración apeló ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de los EE.UU., pero la semana pasada, el 9 de noviembre, la Corte de apelaciones confirmó la decisión del Juez del Distrito de bloquear la implementación del programa DAPA y la ampliación de DACA.
La decisión de la Corte no fue una sorpresa para la administración. La Corte del Quinto Circuito es conocida como una de las más conservadoras del país. Sin embargo, la decisión muestra la carga política que rodea la implementación de estos programas y la polarización de opiniones que despierta el tema migratorio.
La administración anunció que apelará ante la Corte Suprema de los EE.UU., pero la jurisdicción de la Corte Suprema no es obligatoria y la Corte podría negarse a escuchar el caso, dejando en firme la decisión actual preliminar.
Mientras tanto, es importante saber que aunque el programa original de DACA sigue funcionando, el gobierno federal no está aceptando aplicaciones para la ampliación de DACA o para DAPA.
De aquí hasta que la Corte escuche y decida sobre la implementación de DAPA y la ampliación de DACA, miles de personas que contribuyen al crecimiento y desarrollo económico y social del país van a ser deportadas. Hoy en vez de celebrar el aniversario de las decisiones que podrían haber recompensado las contribuciones de 4.9 inmigrantes, lo que estaremos oficiando es la continuación de un sistema inmigratorio roto.
Nathalie Rengifo Alvarez trabaja como Promotora Pública en español para la Unión Americana de Libertades Civiles de Massachusetts
[1] STATE OF TEXAS; STATE OF ALABAMA; STATE OF GEORGIA; STATE OF IDAHO; STATE OF INDIANA; STATE OF KANSAS; STATE OF LOUISIANA; STATE OF MONTANA; STATE OF NEBRASKA; STATE OF SOUTH CAROLINA; STATE OF SOUTH DAKOTA; STATE OF UTAH; STATE OF WEST VIRGINIA; STATE OF WISCONSIN; PAUL R. LEPAGE, Governor, State of Maine; PATRICK L. MCCRORY, Governor, State of North Carolina; C. L. “BUTCH” OTTER, Governor, State of Idaho; PHIL BRYANT, Governor, State of Mississippi; STATE OF NORTH DAKOTA; STATE OF OHIO; STATE OF OKLAHOMA; STATE OF FLORIDA; STATE OF ARIZONA; STATE OF ARKANSAS; ATTORNEY GENERAL BILL SCHUETTE; STATE OF NEVADA; STATE OF TENNESSEE.
[2] UNITED STATES OF AMERICA; JEH CHARLES JOHNSON, Secretary, Department of Homeland Security; R .GIL KERLIKOWSKE, Commissioner of U.S. Customs and Border Protection; RONALD D. VITIELLO, Deputy Chief of U.S. Border Patrol, U.S. Customs and Border Protection; SARAH R. SALDANA, Director of U.S. Immigration and Customs Enforcement; LEON RODRIGUEZ, Director of U.S. Citizenship and Immigration Services.
