La ACLU de Massachusetts está luchando en contra de prácticas injustas de detención con respecto a los inmigrantes. El gobierno detiene a ciertas clases de inmigrantes que están bajo procedimientos de deportación, sin darles la oportunidad de demostrarle a un juez en una audiencia de fianza que deberían quedar libres durante el procedimiento. La ACLU ha cuestionado la interpretación del gobierno de las leyes de detención "obligatoria" para inmigrantes y la suficiencia de los procedimientos usados para determinar si las personas serán detenidas o liberadas mientras se adelantan sus procesos inmigratorios.

Por ejemplo:

En el pleito Gordon v. Johnson, la ACLU y sus asociados obtuvieron un fallo favorable en una acción colectiva. Bajo esa decisión más de 100 inmigrantes detenidos al año en el estado de Massachusetts podrán tener audiencias individuales de fianza ante un juez. El caso sigue pendiente en la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito de los EE.UU., pero mientras tanto, la resolución de la corte federal significa que docenas de inmigrantes cada año quedarán libres y podrán regresar a sus familias mientras se resuelven sus casos migratorios.
En el pleito de Castaneda v. Souza, la ACLU argumentó con éxito que el gobierno había sometido incorrectamente a Leiticia Castaneda a detención sin una audiencia de fianza. El pleito resultó en la liberación de la Señora Castaneda y está pendiente en la Corte de Apelaciones.
En el pleito de Lavrinenko v. Horgan, la ACLU desafió la idoneidad de los procedimientos que justificaron la detención por dos años de nuestro cliente, durante la pendencia de su caso de inmigración. El Sr. Lavrinenko salió bajo fianza antes de la resolución de su pleito en la Corte de Apelaciones.

Creando confianza y seguridad en nuestras comunidades

El programa federal llamado "Comunidades Seguras" prometió deportar a criminales violentos. En realidad, el programa deportó mayormente inmigrantes que no habían cometido crímenes violentos. Esto abrió una brecha peligrosa entre las comunidades y su policía local, haciendo que las personas inmigrantes temieran que cualquier contacto con la policía podría traer atención indeseada a su estatus migratorio.

La ACLU de Massachusetts y los aliados por los derechos de los inmigrantes apoyan el Acta de Confianza de Massachusetts, un proyecto de ley que limitaría la cooperación de la policía local y estatal con las autoridades de inmigración. Bajo una práctica federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le pide a la policía local y estatal que retenga a individuos que han sido detenidos por estas autoridades, durante 48 horas adicionales después de que se les ha concedido la libertad bajo fianza o se ha ordenado su liberación, con el fin de dar a ICE la opción de detenerlos durante los procedimientos de deportación. El Acta de Confianza prohibiría a departamentos policiacos de Massachusetts cumplir con estas solicitudes de retención y minimizaría el contacto entre la policía local y ICE. El sistema judicial seguiría teniendo su rol tradicional en cada caso, mediante la determinación de quien debe hacerse elegible para libertad bajo fianza, y asegurándose de que los criminales violentos sean procesados apropiadamente.

En mayo de 2014, el Alcalde de Somerville Joseph Curtatone emitió una orden ejecutiva—la primera de su clase en el estado—para implementar los cambios claves promovidos por el Acta de la Confianza de Massachusetts al nivel de la ciudad.

En junio de 2014, el Consejo Municipal de Cambridge adoptó el Acta de Confianza con un voto favorable de 8-0.

En agosto de 2014, el Consejo Municipal de Boston pasó unánimemente el Acta de Confianza.

En agosto de 2015, el Consejo Municipal de Lawrence aprobó en un voto de 7 a 2 la llamada Ordenanza de Confianza de Lawrence

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Relaciones raciales y la policía de Boston

https://www.miaclu.org/en/node/1066

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