Esta semana, un juez federal en Massachusetts anuló dos ordenanzas anti-mendicidad de la ciudad de Worcester porque violan el derecho a la libertad de expresión garantizado por la constitución estadounidense. Esta decisión sigue el patrón establecido recientemente en casos similares que derogaron este tipo de leyes en las ciudades de Lowell y Portland, Maine.
En Worcester, la ACLU de Massachusetts presentó una demanda en nombre de dos residentes de Worcester que regularmente pedían limosna en el centro de la ciudad. Las leyes que forman parte de la controversia prohibían el pedido de dinero a menos de 20 pies de paradas de autobús, cajeros automáticos y restaurantes, y también pararse o caminar sobre las isletas de tráfico, excepto para cruzar la calle.
De acuerdo al último fallo de la corte, las ordenanzas violan el derecho constitucional de pedir donaciones pacíficamente en público y le niegan a un sector de la población el derecho a participar en discursos políticos.
En 2013, el mismo juez había fallado que las leyes de Worcester no violaban la constitución a causa de su enfoque en la “mendicidad agresiva” con el objetivo de proteger la seguridad pública de la ciudad. Pero después de la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Reed v. Town of Gilbert, un caso que sentó precedente sobre la libre expresión y los carteles en espacios públicos, el juez de Massachusetts revisó su fallo y explicó que a causa de una falta de especificidad en las ordenanzas, las leyes discriminan en base al mensaje que comunican las personas pidiendo limosna.
El mes pasado en la ciudad de Lowell la ACLU disfrutó una victoria similar cuando otro juez federal decidió que una ley que prohibía el pedido de dinero y la mendicidad “agresiva” en esa ciudad era inconstitucional. El juez explicó que pedir dinero es un acto de expresión que comunica necesidad. Al limitar este método de comunicación, la ciudad de Lowell censuraba la libertad de expresión de una parte de su población.
Las dos recientes decisiones federales en Lowell y Worcester, tanto como la de Maine, afirman que la pobreza no impide el derecho de cada persona a la libre expresión como es concebida en la constitución estadounidense.